La sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado peruano por violar el derecho al medioambiente sano y a la salud de la población de una ciudad de los Andes centrales, sienta un precedente importante para toda la región en caso de que alguna población perciba que se están vulnerando esos derechos.

En el fallo, dado el viernes 22 de marzo, la Corte IDH responsabilizó a las autoridades de Perú por no haber supervisado la contaminación por metales pesados emitidos desde un complejo metalúrgico que opera en La Oroya, a 3745 m.s.n.m. y una de las ciudades más contaminadas del mundo.

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