Tan solo un centenar de empresas multinacionales están detrás de una quinta parte de los conflictos extractivos documentados en todo el mundo, según revela un estudio reciente del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). El informe pone de manifiesto que las empresas de países del norte global se apoderan de los recursos y los beneficios, mientras que el sur global soporta los impactos sociales y ecológicos.
Los resultados se basan en el análisis de datos del Environmental Justice Atlas (EJAtlas), un mapa interactivo que localiza y documenta más de 4,300 conflictos extractivos en todo el mundo, como minas en disputa, oleoductos o represas hidroeléctricas a los que activistas de justicia ambiental y comunidades locales oponen resistencia.

Las 100 corporaciones más conflictivas —entre ellas Shell, Glencore, Repsol o Bayer-Monsanto— representan solo el 2% de las 5.500 empresas documentadas en el EJAtlas, pero están involucradas en el 20% de los conflictos analizados. La gran mayoría de estas empresas son gigantes transnacionales que operan en los sectores de energía, minería e hidroelectricidad, tienen su sede en el norte global y, sin embargo, sus actividades generan impactos negativos graves en comunidades del sur global.

El estudio revela que casi la mitad de los proyectos extractivos conflictivos de compañías del norte global se ubican en el sur global. Además, el 50% de las empresas involucradas en conflictos en países empobrecidos provienen de economías desarrolladas como Estados Unidos, China y Europa.

"Las actuales reglas del comercio global, como los tratados de libre comercio, los tribunales de arbitraje en controversias entre inversores y Estados, y los incentivos fiscales a la inversión extranjera, promueven el crecimiento sin restricciones de las grandes transnacionales involucradas en un gran número de conflictos extractivos, y agravan los impactos ambientales y sociales de sus operaciones extractivas, principalmente en el sur global", explica Marcel Llavero-Pasquina, investigador del ICTA-UAB y autor principal del estudio, publicado esta semana en la revista científica Global Environmental Change.

Las corporaciones transnacionales están especialmente involucradas en conflictos relacionados con productos de alto valor o con una gran huella ambiental, como el maíz, el algodón, el petróleo, el gas o los minerales preciosos y raros. En cambio, los conflictos por recursos de menor valor, como el carbón o los residuos, suelen involucrar con mayor frecuencia a empresas nacionales. La extracción y el transporte de estos bienes estratégicos permiten a las empresas del norte global concentrar riqueza de manera más eficiente, al tiempo que trasladan los daños —como la desposesión de tierras, la deforestación o los vertidos de petróleo— a comunidades y ecosistemas del sur global.

El estudio también muestra que la participación de corporaciones transnacionales en estos proyectos agrava las consecuencias socioambientales para las poblaciones locales. Los autores documentan más eventos violentos, desplazamientos forzados, desposesión de tierras, pérdida de medios de vida y conocimientos tradicionales, así como un impacto mayor en las mujeres y los indígenas. En muchos casos, estos conflictos dan lugar a represión, corrupción e incluso asesinatos de líderes comunitarios y activistas ambientales.

Los hallazgos del informe cuestionan las políticas de responsabilidad social corporativa y los compromisos de sostenibilidad voluntaria. A pesar de que muchas de estas empresas forman parte de iniciativas como el Pacto Mundial de la ONU, continúan operando en sectores extractivos con elevados impactos negativos.

Iniciativas voluntarias tibias, basadas principalmente en la autoevaluación, ofrecen una imagen engañosa de transparencia y responsabilidad corporativa. Sin embargo, las voces de las personas defensoras del medioambiente que se oponen a sus operaciones ponen de manifiesto una historia de impunidad empresarial generalizada y una falta sistémica de rendición de cuentas y justicia», afirma Llavero-Pasquina, coordinador del Environmental Justice Atlas.
Los investigadores hacen un llamamiento al mundo académico y a las organizaciones internacionales para que juzguen el comportamiento social y medioambiental de las empresas en función de los perjuicios sufridos por las comunidades afectadas y no de las políticas voluntarias de las empresas. Los resultados del estudio instan a los responsables políticos a reescribir las reglas del comercio mundial sobre la base de los principios de equidad, autonomía y reciprocidad, y a aplicar a las empresas transnacionales normativas vinculantes, obligatorias y ejecutables para evitar daños y, cuando sea necesario, proporcionar las herramientas para garantizar la rendición de cuentas y la responsabilidad por los impactos vinculados a sus malas prácticas.

«Esta investigación arroja luz sobre los rincones más oscuros del abuso corporativo, mostrando con claridad la extensión y profundidad de los tentáculos de las malas prácticas empresariales», afirmó Rachel Rose Jackson, directora de Investigación y Política Climática de Corporate Accountability, una organización de vigilancia empresarial. «También ilustra claramente el fracaso de los mecanismos existentes para hacer justicia, abordar los daños y poner fin a futuras irregularidades. Las soluciones a la impunidad empresarial no son los compromisos voluntarios, la autorregulación o las medidas a medias con escasa o nula supervisión. Abordar los abusos empresariales exige medidas significativas que sean jurídicamente vinculantes y que protejan realmente a las personas y al planeta (no la codicia empresarial). Hasta que no responsabilicemos a las empresas de los daños que causan, seguirán sembrando la destrucción en su desmedido afán de lucro», indica.

«Este artículo muestra claramente que las normas del comercio mundial son un legado del colonialismo que da rienda suelta a las transnacionales del norte global para seguir saqueando el sur global a expensas de las comunidades y los ecosistemas», dice Meena Raman, responsable de Programas de la Red del Tercer Mundo. «Sólo un cambio de sistema que contrarreste el orden imperialista y neoliberal y permita la soberanía económica y ecológica de los pueblos, una distribución justa de los recursos mundiales, así como formas de desarrollo que sean ecológicamente sostenibles y satisfagan las necesidades humanas, puede ofrecer una auténtica justicia para los pobres y el planeta».

El estudio sale a la luz mientras el Parlamento Europeo debate el paquete de medidas de desregulación de la Comisión Europea que diluirá las obligaciones de las empresas de prevenir las violaciones de los derechos humanos y el medio ambiente en sus cadenas de suministro mundiales en virtud de la Directiva sobre la Diligencia Debida para la Sostenibilidad de las Empresas.

En declaraciones a la Coalición Europea por la Justicia Corporativa, Nick Omonuk, activista por la justicia climática opositora al oleoducto EACOP de TotalEnergies en Uganda, afirmó: "Las empresas irresponsables no sólo extraen recursos, extraen vida. Desplazan a personas, destruyen medios de vida y contaminan el agua y el suelo de los que dependemos. Estas empresas saben exactamente lo que hacen, pero no les importa, porque el sistema las protege a ellas, no a nosotros. Somos nosotros los que somos tratados como delincuentes. La Comisión Europea está convirtiendo la impunidad empresarial en la norma; es una sentencia de muerte para nuestras comunidades. Si se aprueban las propuestas del Ómnibus, darán carta blanca a los contaminadores y atacarán directamente a las víctimas y a las comunidades".