El abuso sexual cometido en un ámbito religioso es un problema que ha afectado a un 1,13 % de las personas adultas en España. Así lo concluye una encuesta realizada en 2023 a una muestra de 8.013 personas, que sirvió para dar forma al Informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos: Una respuesta necesaria, publicado por el Defensor del Pueblo en 2024.

Según los autores del informe, es necesario dar respuesta a una situació de sufrimiento y de soledad que durante años se ha mantenido, de una u otra manera, cubierta por un injusto silencio. Con este objetivo, el Gobierno de España ha acordado con la Iglesia un sistema de reparación para las víctimas de abusos sexuales a principios de 2026.

También con la misión de proteger y dar respuestas a las personas que han sufrido todo tipo de abuso infantil institucionalizado –no solamente sexual–, tanto dentro como fuera de la Iglesia, el estudio Meeting victims' needs in institutional child abuse: A proposal for evaluating reparation programmes busca crear un modelo de evaluación de los programas de reparación a las víctimas. Detrás de esta publicación científica está Laura Arantegui, del grupo de investigación Victimología empírica y aplicada (VICRIM) y profesora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

El artículo revisa lo que la literatura identifica como buenas prácticas y propone un marco básic de evaluación que puede aplicarse en las distintas etapas de los programas de reparación a las víctimas. La herramienta, estructurada y objetiva, tiene como fin superar las limitaciones comunes en el diseño de estos programas y asegurar que den una respuesta satisfactoria a las víctimas.


La importancia de poner a las víctimas en el centro

De acuerdo con el informe del Defensor del Pueblo, la Iglesia católica ha percibido durante mucho tiempo los abusos sexuales "más como un pecado del abusador que como un daño causado a la persona abusada". Para dar la vuelta a realidades como esta, es necesario que los programas de reparación se centren en las víctimas.

"Como sociedad, tenemos la obligación de proteger, dar voz y dar respuestas a las personas que han sufrido, especialmente en los casos en que la victimización está vinculada a las acciones u omisiones de una o varias instituciones", señala Laura Arantegui. "La necesidad se incrementa y se convierte en urgencia cuando, además, en muchos de estos casos las experiencias de las víctimas han sido permanente y conscientemente silenciadas por las instituciones y por una sociedad inactiva, en el mejor de los casos, y còmplice, en el peor".

El interés de la autora por este campo de estudio surgió cuando realizaba su tesis doctoral sobre la victimización de madres solteras y niños en la Maternitat de Les Corts (Barcelona), en la década de los sesenta. En aquel momento, entró en contacto con el problema de los abusos infantiles en instituciones y tuvo la oportunidad de estudiar cómo habían funcionado diversos programas de reparación en varios países del mundo.

"Detecté carencias importantes que podrían haberse evitado si se hubiera hecho un análisis previo y una valoración del diseño y la implantación de esos programas. Estos están, por definición, destinados a que las víctimas obtengan una respuesta satisfactoria a las experiencias traumáticas sufridas. La única manera de valorarlos es conocer hasta qué punto cubren esta finalidad", explica la profesora de la UOC, quien está también adscrita al centro de investigación UOC-DIGIT.

"Al entrar en un programa de este tipo, las personas que han sufrido una experiencia traumática tienen una serie de expectativas, por encima de las cuales está la de, por fin, ser escuchadas y ver validada su experiencia. Un sistema que permita valorar estos programas y, además, hacerlo de una forma rápida y fácil es una herramienta poderosa para lograr mecanismos de reparación más equitativos y responsables, y favorecer que las víctimas puedan recuperar su dignidad, además de reconciliarse con la institución y con la sociedad".


Un modelo de evaluación por puntos

El modelo de evaluación diseñado por Arantegui divide la evaluación de los programas de reparación en cinco fases bien diferenciadas: el análisis de la comisión inicial, la investigación posterior para establecer los hechos, las medidas de reparación propuestas, el grado en que se cumple lo previsto por estas medidas de reparación y, finalmente, la implementación real del programa en relación con la implicación de la víctima. "Es esencial atender a todas estas dimensiones,no solamente porque tienen unas características muy diferenciadas, sino también porque en cada una se puede dar una pèrdida de calidad que repercute en el grado de satisfacción de las víctimas", señala Arantegui.

Dins de cada dimensió se establece una media de cinco ítems puntuables de 0 a 3. De este modo, puede saberse cuál es la puntuación global de un programa concreto y la de las distintas fases, lo que permite corregir carencias durante el proceso. A esto se suma que el modelo es flexible, se centra en aspectos comunes esenciales y puede adaptarse a los diferentes contextos.

"Hasta ahora no había ninguna manera sistemática de evaluar estos programas; esta escala de puntuación es pionera y representa una aportación totalmente novedosa en este campo. De ahí gran parte de su relevancia, además de su facilidad de aplicación y su capacidad de ofrecer resultados coherentes, que realmente ayudan a mejorar el diseño y la implantación de estos programas", explica Arantegui.


Posibles obstáculos, oportunidades y próximos pasos

Entre los obstáculos que dificultan que estos programas respondan de forma eficiente ante las necesidades de las víctimas, están los que derivan directamente de las instituciones. "Estas tienen dos preocupaciones básicas que condicionan su actitud y limitan su respuesta: el temor a graves repercusiones económicas, debido al posible pago de compensaciones a las víctimas, y el daño reputacional derivado de l'exposició de los hechos. Desde mi punto de vista, el principal temor es el económico, dado que el número de víctimas que han llevado su experiencia en silencio puede ser elevado, y el posible coste de las compensaciones no puede preverse exactamente a priori", sostiene Arantegui.

Para hacer frente a desafíos como estos, la investigadora de la UOC espera que los resultados de este estudio sean utilizados para la evaluación de programas por parte de alguna institución, especialmente en España. En este sentido, enviará su trabajo al Defensor del Pueblo y a los responsables del reciente acuerdo firmado entre el Estado y la Iglesia en relación con el sistema de reparación para las víctimes de abusos sexuales.

Como siguientes pasos, la investigadora espera poder hacer un macroestudio aplicando el sistema de puntuación a todos los programas de reparación conocidos en el mundo. "Preveo aplicar en breve este sistema al proceso de paz en Colombia, donde se han empezado a concretar las reparaciones a las víctimas, lo que servirá como una validación más para comprobar su efectividad", señala la investigadora.


Este proyecto se enmarca en la misión de investigación de la UOC de Salud y bienestar planetario, y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU 3, Salud y bienestar, y 16, Paz, justicia e instituciones sólidas.


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