¿Qué determina que un joven migrante no acompañado pueda acceder a un empleo en España? Un nuevo estudio identifica que su integración sociolaboral está condicionada por múltiples barreras interrelacionadas como el idioma, acceso a formación, empleo, vivienda, situación legal, redes sociales y salud mental.
Además, el trabajo señala limitaciones en los sistemas de apoyo. “Los servicios existentes tienen un enfoque generalista y muchos jóvenes no cumplen los requisitos de acceso y no existe una política específica para la transición tras los 18 años. Este momento supone un punto crítico, ya que la salida del sistema de protección, junto con la falta de recursos de acogida, incrementa el riesgo de inestabilidad residencial, exclusión y acceso a medios de vida precarios”, explica una de las autoras, la investigadora del Departamento de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad de Alicante (UA) Teresa Molina-Millán.
Para llevar a cabo este análisis, investigadoras de la UA y Cunef Universidad, en alianza con Impact Social Change Lab, el laboratorio de innovación social de Save the Children, han llevado a cabo entrevistas y grupos focales con jóvenes migrantes y profesionales de organizaciones sociales en Canarias, Málaga y Barcelona.
Principales barreras
Respecto al idioma, los jóvenes señalan que los cursos disponibles no siempre se adaptan a los distintos niveles o necesidades prácticas, especialmente en territorios donde deben aprender una segunda lengua.
En el área de la educación, muchos migrantes priorizan incorporarse al mercado laboral lo antes posible, aunque existe un alto interés en formación profesional práctica. Sin embargo, encuentran barreras administrativas para acceder a estos recursos, como el empadronamiento, idioma o requisitos de edad.
Respecto a la integración laboral, el estudio hace hincapié en que el acceso al empleo formal está condicionado por el estatus legal, el desconocimiento de los procesos de contratación y la falta de conexión con empresas y oportunidades concretas. En este sentido, el empleo informal es frecuente, a veces bajo condiciones precarias o explotadoras.
La salida del sistema de protección al cumplir 18 años supone un momento crítico, al desaparecer el seguimiento institucional y con dificultades de acceso a vivienda y situaciones de inestabilidad residencial, ocupación ilegal, hacinamiento y sinhogarismo. “Aunque existe confusión sobre los requisitos para el acceso a vivienda, se sabe que está frecuentemente condicionado a tener empleo y documentación: dos requisitos inviables para la mayoría de migrantes”, señala la investigación.
Estas mismas dificultades relacionadas con la documentación, los procesos legales y administrativos y la falta de información también afectan a la transición hacia el empleo y la autonomía.
Por otro lado, las autoras del informe observan necesidades relevantes en salud mental, vinculadas a experiencias migratorias, incertidumbre y condiciones de vida, con acceso limitado a servicios especializados y una alta prevalencia de ansiedad, depresión y trauma asociados al proceso migratorio.
Entre las propuestas para resolver estas problemáticas, el estudio apunta a la regularización administrativa temprana y cursos de idiomas adaptados a distintos niveles. En conjunto, el análisis señala que las intervenciones más efectivas son aquellas que abordan de forma simultánea varias dimensiones del proceso de integración (educación, empleo, apoyo social y bienestar psicológico). Recomiendan intervenciones tempranas, culturalmente sensibles y basadas en la comunidad.
Esta investigación es el punto de partida de una línea de trabajo de Impact Social Change Lab, en colaboración con la UA y CUNEF, financiada a través de la red J-PAL, el Laboratorio de Acción contra la Pobreza Abdul Latif Jameel, que combate la pobreza asegurando que las políticas públicas se basen en evidencia científica. En concreto, sirve como base para el desarrollo de un programa piloto de acompañamiento a la inserción laboral de estos jóvenes, que se prevé evaluar mediante un ensayo controlado aleatorizado a partir de 2027.
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