Los tribunales españoles imponen condenas más severas en los casos de homicidio cuando la víctima es una mujer. Esta es una de las conclusiones de una investigación impulsada por un equipo de investigación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que ha hecho un análisis sistemático de las sentencias dictadas por las audiencias provinciales españolas entre los años 2018 y 2024 en casos de homicidio y asesinato, tanto consumados como en grado de tentativa.

La investigación ha sido coordinada por Josep Maria Tamarit, catedrático de los Estudios de Derecho y Ciencia Política y coordinador del Grupo de investigación en Victimología Empírica y Aplicada (VICRIM). El trabajo parte de una base de datos excepcionalmente amplia construida a partir de más de 3.000 sentencias que, más allá de casos puntuales o mediáticos, permiten observar patrones generales de funcionamiento del sistema judicial.

Uno de los principales objetivos del equipo de la UOC, en el que también han tomado parte las investigadoras del VICRIM Laura Arantegui y Alba Marsol, era aportar evidencia empírica sobre cómo responde la justicia española a los homicidios de mujeres en un momento en el que en algunos países europeos se debate la conveniencia de introducir una figura penal específica de feminicidio, inexistente en la mayoría de códigos penales del continente pero más habitual en América Latina.

Los resultados del estudio, publicados en abierto en la Revista Española de Investigación Criminológica, son contundentes. Una vez controladas todas las variables legales que influyen en la determinación de la pena —como el tipo de delito, el grado de ejecución o la presencia de circunstancias agravantes y atenuantes—, las penas impuestas cuando la víctima es una mujer son, en promedio, cuatro años más largas.

En términos relativos, en los homicidios cometidos por hombres, el tiempo de prisión impuesto por los tribunales es más de un 50 % superior cuando la víctima es una mujer que cuando es un hombre. Una magnitud que, según señala el equipo investigador, permite desmentir la idea de que el sistema judicial es indiferente al género de la víctima y, a la vez, confirma que el sistema judicial actúa con firmeza frente a la violencia contra las mujeres.

Uno de los aspectos analizados con mayor detalle es el efecto de la agravante por razones de género, introducida en el Código Penal en 2015. El estudio constata que los tribunales han aplicado esta circunstancia de forma creciente a lo largo de los últimos años, y que cuando se aplica la agravante, la duración de la pena de prisión se incrementa muy notablemente. Sin embargo, uno de los hallazgos más relevantes es que la tendencia a imponer penas más altas se mantiene también cuando no se aplica formalmente este agravante de género. Esto indica que la respuesta penal más severa no depende exclusivamente de la existencia de un mecanismo legal específico, sino que forma parte de la práctica habitual de los tribunales.

Un patrón similar se observa en los casos de homicidios cometidos en el marco de una relación de pareja o expareja, los denominados feminicidios íntimos. Cuando la víctima es o ha sido pareja del agresor, la pena media aumenta claramente. La aplicación de la circunstancia de parentesco comporta penas más graves, pero, otra vez, la diferencia no desaparece cuando esta circunstancia no se aplica. Este resultado refuerza la idea de que los tribunales consideran especialmente graves los homicidios que tienen lugar en un contexto de relación afectiva, y todavía más cuando se trata de un hombre que mata a una mujer.

A pesar de que el sistema penal español se caracteriza por un régimen de determinación de la pena relativamente rígid, los resultados muestran que este hecho no impide que se produzcan importantes discordancias punitivas asociadas al sexo de la víctima y a la relación con el autor. De hecho, en algunos casos, las diferencias detectadas son incluso superiores a las observadas en estudios similares realizados en otros países. Según explican los investigadores, adscritos al centro UOC-DIGIT, esto pone de manifiesto una valoración judicial que va más allá de la aplicación estricta de las circunstancias legales previstas, y que refleja percepciones sociales y morales sobre la gravedad de estos hechos.

Estos resultados aportan elementos fundamentales que pueden tener una implicación directa en el debate sobre la necesidad de una reforma legal para sancionar específicamente los crímenes contra las mujeres. "Los datos muestran que no existe base empírica para afirmar que hay que crear un tipo penal específico de feminicidio para poder castigar más severamente los homicidios de mujeres, porque esto ya está pasando de forma clara con los instrumentos legales actuales", dice el catedrático de la UOC.

A partir de estos resultados, se podría cuestionar si este incremento de las penas puede asociarse a una capacidad preventiva más elevada de este tipo de delitos, pero Tamarit considera que este vínculo es prácticamente imposible de estudiar. "Todo lo que se pueda afirmar respecto a esto es básicamente especulativo porque hay una larga lista de condicionantes", afirma. Con todo, las investigaciones del VICRIM no se detienen y el grupo aprovecharà ahora la base de datos de sentencias recogidas durante siete años para seguir investigando otros casos, como por ejemplo los filicidios o los homicidios cometidos en contextos de trastornos mentales.

Este estudio se enmarca dentro de la misión de investigación Transición digital y sostenibilidad de la UOC y favorece los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU, especialmente el número 5, sobre igualdad de género; el número 10, sobre reducción de las desigualdades, y el número 16, sobre paz, justicia e instituciones sólidas.

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