Un informe del ICTA-UAB describe, con un grado de detalle sin precedentes, las políticas para llevar a la práctica una transición poscrecimiento en Cataluña. Las medidas podrían ser aplicables en un contexto nacional e internacional.

En un contexto global marcado por la crisis ambiental, la desestabilización social y la incertidumbre geopolítica, un nuevo informe elaborado por el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) propone un plan detallado de políticas públicas para satisfacer las necesidades de la población de manera resiliente y respetando los límites del planeta, desvinculando el bienestar del crecimiento económico tradicional. El estudio «Pla B. Per una Catalunya resilient en un escenari postcreixement» analiza cómo concretar alternativas sólidas respondiendo directamente a la realidad socioambiental de Cataluña.

El informe surge de la necesidad de explorar posibles planes B en un entorno de disrupciones cada vez mayores. El estudio, que forma parte del proyecto REAL de investigación en poscrecimiento, está financiado por una Synergy Grant del European Research Council (ERC) y liderado por Giorgos Kallis y Jason Hickel, del ICTA-UAB, y Julia Steinberger de la Universidad de Lausana (Suiza). En este ámbito académico se interpreta que el crecimiento económico se ha convertido en una especie de adicción que ya no mejora la vida de las personas, sino que compromete cada vez más los recursos y el entorno, con lo que afecta a la capacidad de cubrir necesidades esenciales en el futuro. La investigación en poscrecimiento busca fórmulas para mejorar la vida de las personas sin depender del crecimiento —por sus inconvenientes y por su viabilidad cada vez más dudosa— y respetando los límites de un planeta finito.

El autor del estudio, Salvador Pueyo, reconoce «motivos para el pesimismo con todos los problemas que hay en el mundo y en el día a día de las personas», pero remarca que «la partida no se ha acabado» y considera que una necesidad inmediata es concretar políticas con una base sólida para salir de esta crisis global. El informe se enmarca en una serie de esfuerzos colectivos en esta dirección e intenta concretarlos para el caso de Cataluña. Según Giorgos Kallis, investigador principal de REAL, «se trata de un estudio fundamental, el primero que calcula cómo una región puede transitar hacia un futuro poscrecimiento, lo que demuestra que es factible».

Una de las aportaciones del estudio es la cuantificación de los recursos requeridos por la forma actual de vivir y producir, y su comparación con el potencial del territorio catalán y del planeta en general. Pueyo explica que el informe «no pone el énfasis en la responsabilidad individual, sino en el potencial de cambio colectivo, pero, habiendo llegado al punto en el que nos encontramos, es inevitable que este cambio colectivo comporte también un cambio en los hábitos de consumo».

En el ámbito energético, argumenta con datos cuantitativos que es urgente desprenderse de los combustibles fósiles —cosa que no está sucediendo— e indica que abastecer todos los consumos actuales con energías renovables tendría consecuencias difícilmente asumibles. Aumentar estos consumos todavía tendría más. El documento propone un plan de transición energética acompañado de una rápida contracción de sectores como el transporte por carretera o el aéreo, y llama la atención sobre el reto emergente de los centros de datos. Muestra como reducir fuertemente el tráfico aéreo con ciertas herramientas fiscales no solo ahorraría recursos, impactos y vulnerabilidades, sino que generaría ingresos públicos y moderaría el precio de la vivienda.

En el ámbito agroalimentario, el informe da indicaciones para una transición hacia un modelo agroecológico centrado en el pequeño campesino en vez de en las grandes empresas, y que priorice la seguridad alimentaria por encima de las exportaciones. Al cuantificar formas de lograr una mínima capacidad de autoabastecimiento y reducir impactos en el territorio y fuera de este, se considera indispensable reducir drásticamente el consumo de alimentos de origen animal, debido a la producción agrícola que absorbe la ganadería intensiva y los límites a la extensiva. Además de las ventajas para el país, una reducción de este tipo de consumo, coordinada a escala internacional, es probablemente la última esperanza para el clima, ahora que una eliminación rápida de los combustibles fósiles es más necesaria que nunca, pero ya no es suficiente para respetar el límite de los 1,5 ^oC.
El ámbito económico es inseparable de los demás. «En una transición poscrecimiento hace falta una transformación profunda de las políticas económicas, fiscales, laborales y sociales. Necesitamos herramientas económicas para impulsar la sostenibilidad —aunque sea en detrimento del crecimiento, y cuando el crecimiento deja de ser prioritario o sencillamente viable la redistribución pasa a ser clave para poder cubrir necesidades», indica Pueyo.
A pesar de que globalmente no parece haber otra opción para mejorar la vida de todo el mundo, aplicar unilateralmente este tipo de políticas es mucho más difícil para territorios concretos, especialmente si forman parte de un espacio como la zona euro. La investigación para el proyecto REAL en el ICTA-UAB ha permitido avances notables en políticas económicas poscrecimiento para la zona euro, pero un gran reto era identificar qué se puede hacer en Cataluña mientras la zona euro no las aplique. «Al inicio de este estudio temíamos que el margen de maniobra unilateral para Cataluña fuese mínimo, pero ahora somos más optimistas al respecto», reconoce Salvador Pueyo. Una aportación central del informe ha sido recoger políticas y a la vez desarrollar políticas nuevas que se puedan aplicar, a priori, de manera unilateral. Los investigadores esperan que dichas políticas puedan servir también de referencia para otros países.
A pesar de que la aplicación de políticas unilaterales resulta insuficiente, su implementación en Cataluña puede ofrecerle un potencial de liderazgo en la coordinación internacional necesaria para abordar los grandes retos globales. El estudio señala que el escenario mundial actual refleja la quiebra del modelo económico globalizado y plantea como principal reto la articulación de una nueva cooperación internacional centrada en las personas y el planeta, basándose en precedentes históricos que evidencian la viabilidad de este tipo de acción colectiva.

Aspectos destacados del informe

1. Marco general y emergencia climática

• Nuevo modelo más allá del PIB: el estudio propone orientar las políticas públicas a cubrir las necesidades de la población de manera resiliente y respetando los límites del planeta, desvinculando el bienestar del crecimiento económico tradicional.
• Emergencia climática: para no agotar en 2028 el presupuesto de CO₂ que respetaría el límite de los 1,5 ^oC, se plantea reducir un 7 % anualmente las emisiones fósiles en Cataluña a partir de 2026, junto con un cambio en el modelo alimentario.

2. Transición energética y movilidad

• Reducción de impacto territorial: mantener todos los usos energéticos actuales con renovables requeriría ocupar el equivalente a un 4,9 % del territorio catalán. Para evitarlo hay que reducir intensamente el consumo, así como desplegar las renovables sucesivamente de ubicaciones con menos impacto a ubicaciones con mayor impacto para aprovechar oportunidades futuras de reducir daños.
• Apuesta por los tejados: el grueso del consumo eléctrico actual se puede cubrir con tejados y espacios degradados, pero hace falta un papel proactivo de la Generalitat. Para llegar a cubrir un 60 % de la superficie de tejados, se estima una inversión recuperable equivaliendo al 4,5 % del presupuesto no financiero de la Generalitat durante 5 años.
• Movilidad por carretera: para reducir consumo energético y los impactos, se propone reducir el tráfico motorizado privado y reforzar el transporte público. Las subvenciones al coche eléctrico se redirigirían a servicios de leasing, sistemas de uso temporal de vehículos y vehículos comunitarios.
• Transporte aéreo: contraer el tráfico aéreo no solo ahorraría energía e impactos y reduciría el precio de la vivienda, sino que además beneficiaría fuertemente al erario público, si se hiciera mediante impuestos.

3. Sistema agroalimentario

• Transición agroecológica: un modelo de intensificación agroecológica permitiría mantener una productividad elevada, pero sería mucho más favorable para la sostenibilidad y el pequeño campesino.
• Reducción de la industria ganadera: Cataluña no tiene el potencial agrícola para abastecer a la vez a la población humana y la industria ganadera, ni lo tendría aunque no exportara carne. La ganadería extensiva sostenible solo podría cubrir unos pocos puntos porcentuales del consumo actual. Habría que reducir sustancialmente el consumo de alimentos de origen animal para que nuestra alimentación dejara de depender mayoritariamente del exterior y de comportar grandes impactos ambientales y riesgos sanitarios.

4. Fiscalidad verde y financiación

• Ecovales adaptativos (EVA): propuesta de un nuevo esquema fiscal que combina un impuesto ambiental sobre el consumo con una moneda complementaria repartida a la ciudadanía, penalizando a quien contamina más y compensando a quién ejerce un impacto menor.
• Impuesto sobre la renta de la tierra: un tributo progresivo al suelo para frenar la especulación y reducir el precio de la vivienda. La recaudación permitiría ampliar el parque público de alquiler, apoyar cooperativas de vivienda y financiar gastos sociales.

5. Trabajo, derechos sociales y democracia

• Modelo de protección social: se propone la creación de una «renta almohada» (ayuda modulada que protege las rentas bajas y medias-bajas) y, como alternativa o complemento, una garantía de empleo, por lo menos para las personas con más dificultad para encontrar trabajo (con un coste estimado del 2,4 % del presupuesto de la Generalitat).
• Condiciones laborales y transición justa: se recomienda reducir la jornada laboral para mejorar la calidad de vida y repartir los cuidados, así como garantizar puestos de trabajo públicos o cooperativos a las personas afectadas por la transición ecosocial.
• Economía social y gobernanza: apuesta por la banca ética, el modelo cooperativo, la colaboración público-comunitaria y las asambleas ciudadanas vinculantes para la toma de decisiones estratégicas, así como mecanismos para que los puestos de responsabilidad estén ocupados por personas con motivación por el bien común.